El Perú, Europa y los derechos humanos

Lo ocurrido recientemente a raíz de la resolución del Parlamento de la Unión Europea (UE) que rechazó considerar al movimiento subversivo-terrorista MRTA como tal, más allá de la justificada reacción inicial de rechazo a tal decisión, debería llamarnos a reflexión, a gobernantes y gobernados. Es cierto también que los directivos de la ONG Aprodeh no le han hecho ningún beneficio a la nación, ni a los ciudadanos, ni al movimiento de los derechos humanos con el envío de un documento a la UE instando a que no se apruebe la moción que finalmente fue rechazada, con lo cual también fue rechazada la posición del Perú.

Por supuesto que para quien conoce de cerca lo que vivió nuestro país durante los años de violencia y terror, no existen dudas sobre el carácter criminal y despiadado de dicha organización terrorista. La violación sistemática y reiterada, por parte del MRTA, de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 lo descalificó como movimiento guerrillero (como querían presentarse) y terminó por ser percibido como terrorista por la población y adscribirlo al conjunto de organizaciones terroristas en el mundo.

Pero aún considerando todo lo anterior, por lo visto, no han sido suficientes los esfuerzos que habrían hecho nuestra Cancillería y nuestras embajadas en Europa para prevenir dicho resultado que no sólo es un revés para la diplomacia peruana si no para el Perú en el concierto internacional de naciones, pues lo que revela esa votación es que 275 parlamentarios de Europa no le creyeron al Estado peruano y sí le creyeron a una organización no gubernamental. Además, 16 parlamentarios se abstuvieron, revelando que las autoridades peruanas tampoco las habían convencido.

¿Qué ha ocurrido para que obtengamos este serio revés en el plano internacional, ad portas, además, del inicio de la llamada cumbre América Latina y el Caribe con la Unión Europea?;¿qué es lo que ha prevalecido en la mente y el discernimiento de esos 291 parlamentarios europeos que, en los hechos y en el momento decisivo, optaron por decirle no a nuestro país?

Ciertamente que la decisión de este organismo de la UE no es vinculante para el Perú, y queda una delicada e importante labor a realizarse con el Consejo de la UE (que representa al poder ejecutivo de cada país) para revertir la situación hoy desfavorable al Perú. Pero el resultado a nivel del legislativo europeo sí es, debe serlo por lo menos, motivo de profunda preocupación para quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado y de representarnos en el concierto de naciones. Y quien pretenda descalificar o agraviar a esos 291 representantes de los pueblos de Europa por el sentido de su votación cometería un grave error que redundaría en mayor perjuicio para nuestro país.

El camino, entendemos, debe ser ótro. Y la línea de argumentación de defensa del Perú valdrá tanto para el Consejo de la UE como para su Parlamento. Comencemos admitiendo entonces que existe un serio problema de credibilidad y que esa decisión adversa para nosotros es la resultante de varios factores y antecedentes que no pudieron ser ignorados por quienes la tomaron. Comprender que la credibilidad de un Estado democrático se construye no sólo sobre discursos o declaraciones en reuniones oficiales sino, sobre todo, y más importante que lo anterior, sobre su ejecutoria y práctica cotidianas. Es decir, sobre la dinámica de sus relaciones al interior mismo del Estado y los poderes que lo integran, así como con sus gobiernos regionales y locales. Con los interlocutores locales y con la oposición misma, sea cual fuere el signo o expresiones disímiles de esa oposición. En suma, entre el Estado y la sociedad a la que representa.

Los mensajes de tolerancia que da un gobierno, - o, en su caso, de intolerancia- , de que se tiene capacidad, o no, de procesar pacíficamente y con respeto, las diferencias naturales y aún las discrepancias, hasta con los sectores más recalcitrantes, son elementos gravitantes de evaluación que pesarán, para bien o para mal, al momento de tomar una decisión. Adicionalmente, la posición que se tenga frente a temas siempre controversiales, como, por ejemplo, la pena de muerte o la defensa de la vida, las políticas penitenciarias, la distribución de la riqueza, la defensa del ambiente y la ecología, la solución pacífica de las controversias o la proclividad al uso de la fuerza, y hasta el lenguaje empleado en el tratamiento de problemas o situaciones, son temas que, aunque no explícitamente presentes en las conversaciones o cabildeos incidirán en el fuero interno de cada representante al momento de decidir. Es la imagen del Estado y de su gobierno.

Desde este punto de vista, no caben las respuestas o elucubraciones complacientes o reverenciales con quienes detentan el poder, pues ello contribuirá a la opacidad, a confundir más las cosas y, a la larga o a la corta, a decisiones equivocadas perjudiciales para el país, antes que a la transparencia y al fortalecimiento de la democracia. Así, el mensaje de una cultura de vida, de paz y de derechos humanos debe prevalecer en las decisiones de Estado, por encima o en el contexto mismo de las complejidades y tareas delicadas de gobierno. No caben impaciencias ni desesperanzas cuando se trata de gobernar el destino de los pueblos.

Siempre se está a tiempo para controlar daños –y nuestra Cancillería y embajadas en Europa tienen una ardua labor por delante, no hay causas perdidas. Pero ello supondrá una mejor inteligencia de las políticas de derechos humanos entendidas como una interacción mucho más transparente y sensible entre el Estado y la sociedad, así como una clara identificación de la relación entre los derechos humanos, el desarrollo humano y la dignidad inherente a cada uno. Este es un tema central que aún en el pragmatismo de las relaciones internacionales y los intereses de los Estados están muy presentes y son centrales en las democracias más avanzadas del planeta, muchas de las cuales integran, precisamente, la Unión Europea.