La Dignidad del ser humano y de los pueblos

Derechos Humanos y Democracia

Existe una estrecha relación entre el avance de una sociedad en cuanto a gestión gubernamental y la democracia misma. Hay una poderosa interacción, permanente e intensa entre la democracia, entendida como sistema de gobierno, como proceso sociológico de relaciones al interior de la sociedad, como una manera de ser de esos pueblos, con la importancia asignada al carácter integral y universal de los derechos humanos.

Así, la credibilidad del sistema democrático, y de los gobernantes, está supeditada a la autenticidad que perciban las poblaciones en las declaraciones solemnes de adhesión a este sistema y la coherencia que manifiesten los gobernantes en el día a día del manejo del gobierno. Es, podría decirse una expresión de “real politik” de sabiduría popular.

La credibilidad de los gobernantes es vital. Es consustancial al tipo y calidad de la democracia, a la convivencia social en paz, con razonables niveles de eficiencia institucional, con el mantenimiento de un crecimiento económico auténtico y sostenible, y una equitativa distribución de la riqueza, que van configurando un verdadero desarrollo humano. En suma, inherente al mantenimiento de la gobernabilidad.

Derechos humanos: el gran regulador de los sistemas de gobierno

Los derechos humanos, como tema integral, es el gran regulador e indicador de los sistemas de gobierno, de los modelos económicos, de los programas nacionales de desarrollo, de la eficacia y dignidad de los programas sociales, del realismo de las ideologías y de su asentamiento en la conciencia de los pueblos. Esta es una verdad sólida que, a su vez, es el sustento de las democracias más avanzadas del planeta, y que lo son precisamente por tener esta convicción enraizada en los liderazgos políticos de izquierda, derecha o centro, en cualquier sociedad, en cualquier nación. Por ello, sorprende a veces constatar los reclamos de ciertos gobernantes frente a lo que califican de “incomprensión” de parte de los gobernados cuando, supuestamente dichos gobernantes alegan realizar “todos los esfuerzos” para gobernar bien.

Nunca como ahora, ya entrado el siglo XXI ese “gobernar bien” está asociado íntimamente con las políticas de derechos humanos entendidos éstos como los derechos no sólo a la vida y a vivir, sino a la calidad misma de esa vida, es decir, a la libertad civil y a la libertad de vivir sin miedo, a la libertad de la miseria, a nutrirse bien, a tener acceso a la salud preventiva y curativa; a la educación de calidad en todos los niveles, a un trabajo digno y bien remunerado, a vivienda digna dotada de las instalaciones básicas de agua y alcantarillado; y a un medio ambiente sano, razonablemente libre de contaminación y sustancias intoxicantes que pululan por las calles y avenidas de nuestras ciudades.

Siendo los derechos humanos el gran regulador de los sistemas políticos y de los modelos económicos, lo es en consecuencia no sólo de la gestión y como factor de medición de la eficiencia del Estado y del gobierno sino también de la naturaleza y los efectos de los capitales de inversión, de los capitales financieros, y de la capacidad y claridad con que se asuma esta responsabilidad sectorial de gobierno. Lo es de la forma en que las sociedades y los Estados organizan su manera de vivir, de relacionarse entre sus ciudadanos, de combatir la delincuencia, de producir bienes y servicios, de comercializarlos, de cobrar impuestos, de distribuir la riqueza, de relacionarse con los inversionistas nacionales y extranjeros y con la tecnología que viene de fuera. De ello dependerá la credibilidad y legitimidad para seguir gobernando, o su erosión que derivará en el desorden y la anarquía y, eventualmente, en la caída de gobiernos.

La credibilidad del Gobierno: honrar la palabra empeñada

Una secuela lógica del razonamiento anterior es que esa credibilidad resulta fundamental para la viabilidad de cualquier país. Los anuncios y/o promesas de los modelos liberales o neoliberales, moderados o extremistas, deberán tener un correlato visible, evidente, en la vida de los pueblos. De la misma manera, los anuncios o promesas de políticos y gobernantes sobre la defensa de lo nacional en la búsqueda de la justicia social o de la eficiencia de modelos que se reclaman (o reclamaban) “socialistas” para reducir realmente la pobreza sin menoscabo de la libertad deberán tener un correlato en la realidad concreta de la vida de las personas. Y si ello no ocurre así, pues las bases del “pacto o contrato social” del cual nos hablaba Rousseau comienzan indefectiblemente a resquebrajarse y finalmente sucumbirán.

De allí la importancia de aplicar en el Perú las políticas de derechos humanos al manejo eficiente del Estado, a través de una regulación efectiva y que cumpla sus objetivos sin menoscabo de las libertades, incluida la libertad de empresa. Los agentes económicos deben poder cumplir sus programas y planes de inversión sin erosionar las bases de la convivencia social, que es lo que ocurre cuando generan pobreza. Allí está el desafío para el gobierno que comienza: explicar y compartir con los gobernados los criterios para conducir el Estado, gobernar la nación y, a la vez, fortalecer un régimen de efectivas y reales libertades civiles y políticas, y los mecanismos y procedimientos para garantizarlas.

La incapacidad que ha exhibido el gobierno que termina este 28 de julio para avanzar en estas políticas y en aplicar una sana regulación estatal, sin corrupción, ha perjudicado a los ciudadanos y ha ido creando, paradójicamente, un ambiente hostil para inversionistas nacionales o extranjeros, a los que supuestamente pretendía incentivar.

En consecuencia, se propone al nuevo gobierno que se inicia el 28 de julio del 2011, tener en consideración lo siguiente: