Documento alcanzado el 22 de julio último al presidente de la República, Ollanta Humala, y al presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner G.
Contribución para el próximo gobierno, con visión de derechos humanos, que presidirá Ollanta Humala
La construcción de un Estado y una sociedad de derechos humanos con libertad, con dignidad y sin corrupción
Por: Luis Alberto Salgado Tantte
Introducción
El inicio del nuevo gobierno: el eje central los derechos humanos
La mayoría de peruanos ve al Estado como una entidad indiferente, lejana, abusiva o ineficiente, o una combinación de todos estos elementos. Ello debe empezar a cambiar. De ello trata este documento.
Las políticas de derechos humanos son las políticas del siglo XXI. Los Estados del siglo XXI serán los Estados de Derechos Humanos y de Bienestar. Por su carácter de indivisibles, interdependientes y universales, los derechos humanos deben recorrer transversalmente toda la administración del gobierno nacional. Los estados-nación o la unión de estados-nación que gobiernen con este criterio y perspectiva y que prioricen esas políticas serán, o seguirán siendo. - en el caso de que ya estén en ese rumbo - las naciones y sociedades más avanzadas del planeta. Los gobernantes actuales o futuros que comprendan esta verdad tendrán el reconocimiento de sus pueblos y de la historia. Los que no la comprendan - como el régimen que culmina en julio del 2011 en el Perú - fracasarán y terminarán enfrentados irremisiblemente con sus pueblos, aún en medio de crecimientos económicos y anuncios triunfalistas, maquillados o no, en distintos sectores de la economía.
¿Qué es un Estado de Derechos Humanos?
Un Estado en el cual los ciudadanos sientan que su dignidad es reconocida y que efectivamente son respetados y en el cual los gobernantes deciden y actúan considerando a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y de ese Estado.
La “gran transformación” y los derechos humanos
En consecuencia, lo que se propone al gobierno que comienza es un abordaje y una visión diferente, con perspectiva de derechos humanos con miras a la formación consciente, paulatina y permanente, de un Estado de Derechos Humanos como expresión multidimensional del Estado de Derecho
Constitucional. Teniendo claro desde el Estado ese “deber ser” hacia formas superiores de relaciones Estado - sociedad y de las relaciones humanas en general se empezarán a dar señales inequívocas a la sociedad misma del rumbo emprendido hacia “la gran transformación”. Pues, obviamente, esa gran transformación no puede imponerse por decreto, ni por leyes, ni sólo cambiando la constitución. Esos factores pueden ser elementos coadyuvantes y eventualmente necesarios para reforzar políticas públicas y criterios de gobierno, pero no pueden ser determinantes.
La duplicación de la cobertura del programa “Juntos” orientado a familias en pobreza extrema y madres solteras en situación de necesidad, el aumento del ingreso mínimo vital a 750 soles, las propuestas “Pensión 65”, “Cuna Más” y “Beca 18”, entre otras políticas sociales anunciadas, adquieren una connotación de integralidad a la luz de la perspectiva ecuménica e indivisible de los derechos humanos.
La Cultura de Derechos Humanos
La construcción de ese Estado supone e involucra la creación paulatina y cotidiana de una cultura de derechos humanos que vaya transformando sustancialmente la manera de entendernos y relacionarnos los peruanos y peruanas. Una cultura que se vaya haciendo patente de manera transversal e integral en el análisis, planteamiento, propuesta, elaboración, legislación final, ejecución e implementación de nuestras políticas públicas, desde la propuesta y elaboración del presupuesto nacional, pasando por el tratamiento a mujeres gestantes en policlínicos, clínicas y hospitales, por las medidas de seguridad pública y el comportamiento de nuestras fuerzas armadas y policiales, pasando por los sectores de educación, salud, vivienda, trabajo, ambiente, energía y minas, defensa, interior, agricultura, producción, comercio exterior y transportes, hasta la administración de justicia y el tratamiento de situaciones de emergencia nacional y catástrofes.
